En primer lugar, se intercambiaron novedades sobre el proceso de restitución de restos humanos que fueron excavados de sitios arqueológicos de Tigre durante el último siglo, una demanda iniciada formalmente por Punta Querandí hace una década con el objetivo de reenterrarlos en sus territorios ancestrales. Además, las autoridades del CPAI se interiorizaron sobre el Convenio de Propiedad Comunitaria firmado entre Punta Querandí y el intendente de Tigre, Julio Zamora, que avanza en la resolución del conflicto territorial en el predio ubicado en la desembocadura del Arroyo Garín en el Canal Villanueva, en el Paraje Punta Canal.

Otro tema importante fue dar a conocer a los representantes provinciales la constitución de la Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar, cuyos integrantes describieron los distintos pedidos elevados a ambos intendentes a finales de 2020. En relación a Escobar, entre las solicitudes se encuentra un predio en Garín para la Comunidad Qompi para poder desarrollar un proyecto de huerta agroecológica, así como ayuda logística en actividades educativas y culturales. También se pide la recuperación del acceso vehicular a Punta Querandí, que se encuentra bloqueado ilegalmente por el barrio privado San Benito.

Es de destacar que al día de hoy no hubo ninguna respuesta del intendente Sujarchuk ni otra área de su gestión. En lo que respecta a Tigre, entre otros puntos, se solicitó al Municipio un espacio para vender las producciones de las comunidades en el centro de Tigre, una demanda que está siendo canalizada favorablemente a través de la Secretaría de Turismo y de la Dirección General del Puerto de Frutos. Desde la Unión de Pueblos Originarios, también manifestaron que están acompañando el pedido de justicia por los femicidios impunes de dos mujeres del pueblo qom de Tigre: Micaela y Nancy Fernández, hechos ocurridos en 2013 y 2014, y pidieron que haya una asistencia desde el Estado Provincial para sus familiares, encabezados por Lisette Fernández, hermana menor e hija de las víctimas.

Además, se pidió a los representantes del CPAI hacer gestiones con otros organismos bonaerenses para que se establezca un cupo para comunidades indígenas en todos los programas de asistencia económica y/o proyectos productivos. Así mismo, se solicitó el reconocimiento de las personerías jurídicas de las comunidades y otras expresiones colectivas organizadas bajo el derecho indígena. Desde el CPAI, en coincidencia con los planteos de la Unión, hablaron de la necesidad de crear áreas de asuntos indígenas a nivel municipal para que implementen políticas públicas que respondan a las necesidades y proyectos de las comunidades.

En representación de la Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar estuvieron Reinaldo Roa de Punta Querandí, Santiago Chara de la Comunidad Qom Cacique Ramón Chara de Benavidez, Cintia López de la Comunidad Qompi de Garín y la isleña de raíces guaraníes Mónica Santos. También participó la abogada de Punta Querandí, Paula Alvarado Mamani, del Pueblo Kolla.